El padrón es el documento que da derecho a la existencia. En España hay alrededor de 30.000 personas sin hogar, que vagan por las calles de forma inadvertida; la mitad son españoles, y más de un 12% de ellos, según las organizaciones que trabajan con este colectivo, no están empadronados o desconocen dónde. Es decir, un mínimo de 2.000 personas que, sencillamente, son invisibles para el Estado. El que no está empadronado no tiene derecho a una renta mínima de inserción, esas ayudas para los que no poseen nada, que toman distintos nombres según la comunidad de que se trate; carecen de acceso a una pensión no contributiva, no podrán optar a una vivienda de protección oficial o de bajo alquiler; sin tarjeta sanitaria, sólo usarán las urgencias hospitalarias; imposible solicitar las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia; en algunos municipios será complicado incluso apuntarse a centros de ocio o deporte o inscribirse en muchas de las actividades culturales. Y de votar, ni hablamos.
Cualquiera de estos derechos, de los que puede disfrutar el común de los empadronados, está vetado para ellos, en una espiral que suma miseria a la miseria y exclusión a la exclusión. "El empadronamiento no es sólo un obstáculo administrativo. Tiene más consecuencias para las personas de las que hablamos, porque las sume en la indefensión", dice Martina Charaf, directora de Programas con Personas en Exclusión Social de la Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (Rais), una organización de apoyo a este colectivo. Charaf califica de "básico" el estar empadronado. Y, como ella, otros colegas de organizaciones similares y los trabajadores sociales que pelean por esto en la Administración cada día. Calculan que el número de no empadronados puede ser incluso superior a ese 12%.
Pero empadronar a las personas sin hogar es a veces más difícil que cazar a lazo. ¿Están empadronados en algún municipio de España? No lo recuerdan. Cuando perdieron su casa, perdieron el padrón, y ahora, ¿quién los registra si no tienen vivienda? Aunque las diferencias podrían ser tantas como municipios, hay algunos aspectos bastante extendidos y comunes en esta maraña administrativa. En puridad, uno podría empadronarse en un banco de la calle, o debajo de un puente, pero eso sirve de poco. Las cartas, las comunicaciones, las tarjetas sanitarias o las citas con el especialista o para una intervención quirúrgica, ¿adónde se enviarán? Para salvar ese limbo, tanto las organizaciones como los organismos municipales (albergues, casas de acogida), prestan en ocasiones su propia sede para que los que no tienen hogar tengan, al menos, una dirección postal que les sirva para salvar los requisitos administrativos. De ese modo procede la Fundación Arrels, en Barcelona. "Nos dimos de alta para poder empadronarlos en nuestra sede, porque si no figura un domicilio sirve de poco estar empadronado. No empadronamos a todos, pero sí a los que tienen un mayor vínculo con el centro, aunque vivan en la calle", cuenta Ester Sánchez, responsable del Trabajo Social en esta fundación catalana.
"Pero esto entraña ciertos peligros, porque para algunos trámites, como una pensión no contributiva, se necesita estar empadronado durante varios años consecutivos en la misma comunidad, y algunas veces ellos lo están, pero no sabemos dónde. Podemos romper ese padrón antiguo si los registramos de nuevo, e impedir su acceso a esta prestación económica durante algunos años, mientras que, si han cumplido los 65 años, tampoco podrían tener derecho a otras prestaciones de inserción; se quedan sin nada", dice el director del Albergue de Zaragoza, Gustavo García Herrero.
Lo que pasa es que buscar el municipio donde consta como empadronada una de estas personas es más parecido a una tarea detectivesca. Las personas sin hogar pueden haber vivido en distintos pueblos y ciudades. Muchos de ellos presentan patologías duales, es decir, trastornos mentales ligados a las adicciones, drogas, alcohol. Son personas escurridizas, de difícil seguimiento. Pero sólo a veces. También se da el caso contrario, que reconocerán perfectamente muchos vecinos en las ciudades: el del hombre que vive abajo, en la esquina de la calle, entre el banco y la escalera de la iglesia. Allí bebe, come y duerme cada día. Cuando eso ocurre, las organizaciones o los responsables de albergues, o la propia policía (siempre depende de cada ayuntamiento), pueden ejercer como testigos o emitir certificados que demuestran en la ventanilla de la oficina que, a pesar de no tener vivienda, el domicilio de ese hombre lleva siendo, durante años, el mismo: la calle. Y eso surte efecto para cumplimentar un padrón. Y colgadas de él, como las cerezas, pueden llegar las ayudas. "En esta sociedad todo está organizado alrededor del domicilio y el que carece de él está en tierra de nadie", dice Sonia Sánchez, trabajadora social en el Albergue Municipal de Zaragoza. Opina Sánchez que el sistema debería flexibilizarse para que las personas sin hogar encontraran vías de escape a esta situación.
De las 30.000 personas sin hogar que se calcula que hay en España, prácticamente la mitad son inmigrantes, un problema añadido. Pero el resto son españoles. Todos necesitan una vivienda, ¿pero cómo llegar hasta ella sin papeles? Para recuperar la sensación de pertenencia a un grupo a veces es vital reunirse en un centro de ocio, participar en actividades culturales con la gente de la ciudad, hacer amigos. Incluso votar en las elecciones contribuiría a reforzar el arraigo social.
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